La Junta Central Electoral descubrió una mafia en la que están involucrados centros médicos públicos y privados, así como alcaldes de diferentes comunidades de todo el país, que se dedican a dotar de certificados de nacidos vivos a niños que no nacen en esos lugares y para lo cual utilizan a mujeres que no son sus madres biológicas, por lo que las denominan “prestanombres”.

Los hospitales y clínicas emiten certificados de nacidos vivos, que a su vez son la base de donde se extraen los datos para emitir las actas de nacimiento.

También los alcaldes tienen la facultad de emitir esas certificaciones de los partos que son realizados por comadronas en comunidades apartadas donde no existen hospitales cercanos.

De acuerdo con la documentación, en todo el territorio Nacional, personas que desempeñan las funciones de alcaldes de distintas secciones y parajes, emiten certificaciones declarando nacimientos y partos que han sido registrados por supuestas comadronas con la finalidad de que personas a quien no le corresponde se le otorgue un acta de nacimiento, lo que permite que también adquieran otros derechos que no están consagrados en la Constitución.

Como parte de la red se descubrió que en un gran porcentaje de los casos, mujeres dominicanas denominadas “prestanombres”, obtienen un documento diciendo que dieron a luz a una criatura que no dieron a luz haciéndose pasar por madre biológica de alguien que no es su hijo biológico.

De esa forma legalizan a extranjeros como dominicanos, pero también legalizan edades falsas y hasta el robo de identidades.

“Lo peor de todo es que esas acciones las cometen en complicidad con facultativos de la medicina, y de clínicas privadas y centros médicos públicos, quienes emiten certificados de nacidos vivos violando las normas correspondientes establecidas en la Constitución de la República, y lamentablemente las personas más beneficiadas con eso son ciudadanos extranjeros, precisó el presidente de la JCE, Roberto Rosario al ser consultado por Listín Diario sobre el caso.

Rosario expresó que esos casos están siendo rechazados y son investigados junto con el Ministerio Público, a la vez que sostuvo que en su mayoría ha sido detectado por los inspectores y personal de la JCE a través de la Unidad de Declaraciones Tardías en trabajos de investigación realizados.

Entrevistado acerca de la cantidad exacta de casos, el presidente de la JCE, dijo que unos 650 son los que han descubierto hasta el momento, pero que realmente pueden llegar a miles, y que la comisión de Oficialías que Coordina el magistrado José Ángel Aquino fue instruida para profundizar las investigaciones.

Al mismo tiempo Rosario sostuvo que el fraude en ese sentido se trata de una práctica de años. “Lamento que malos dominicanos por unos pocos pesos negocien y vendan la identidad y la dominicanidad”, dijo.

De igual modo, Rosario alertó que la JCE no tiene control sobre los médicos y alcaldes, por lo que le es difícil enfrentar esos documentos emitidos por otras autoridades.

PARTOS EN HOSPITALES
Entre los pueblos donde mayormente se dan los referidos casos figuran Azua, El Llano de Elías Pina, Barahona, el Seibo, Las Matas de Farfán, Monte Plata, Quisqueya, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, y otros.

Rosario adelantó a Listín Diario que apoderará al Pleno de la JCE de ese organismo del caso, y que solicitará a Procuraduría General de la República abrir una investigación y el sometimiento a la justicia a los facultativos médicos, la mujeres “prestanombres” y las clínicas que se dedican a esa práctica.

Expresó que la situación se agrava con el hecho de que se ha demostrado que más del 40% de todos los partos que hacen en los hospitales públicos corresponden a persona que cruzan la frontera para venir a dar a luz al país.

Según los datos los casos se dan mayormente en los hospitales de la zona fronteriza y la ciudad de Santiago.