El presupuesto general es la principal herramienta que tiene un Estado para promover el desarrollo nacional.

Su elaboración debe hacerse, pues, tomando en cuenta las expectativas reales de ingreso, sean por la vía tributaria o por inversiones extranjeras y empréstitos, y en función de esas expectativas se fijan objetivos de gasto o inversión pública.

 En este momento, las expectativas de ingreso giran alrededor de una reforma fiscal integral que está a punto de debatirse y consensuarse entre los principales sectores, público y privado, del país.

Se espera que de ese debate surja una buena fórmula que combine más presión tributaria con más racionalidad y prudencia en el gasto, sin pasar por alto que somos una economía sana, que sigue creciendo a buen ritmo y con inflación controlada, y que estos parámetros son los que han permitido una dinámica de desarrollo que no se puede malograr.

De ahí que sea preciso no festinar ni apresurar el proceso de formulación del presupuesto hasta tanto se haya alcanzado un consenso sobre la reforma fiscal, de la cual dependerá mucho la viabilidad o sostenibilidad de un programa de inversiones del Gobierno en el área social y económica, con la finalidad de mantener los estándares de desarrollo que ha alcanzado el país en los últimos años.

Si bien la Constitución establece plazos para que el proyecto sea presentado a las cámaras legislativas y para que estas lo aprueben, no es menos cierto que hay prioridades en curso que ameritan ser manejadas (como esta de la reforma fiscal) sin la premura o los afanes de cumplir con los plazos fatales que la norma legal ha fijado para el conocimiento y validación del Presupuesto.

No hay que huir hacia la mesa, si todavía el manjar no ha sido servido.